Ex militares chilenos condenados por quemar estudiantes vivos en 1986

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El 2 de julio de 1986, el fotógrafo Rodrigo Rojas y la estudiante Carmen Gloria Quintana fueron quemados vivos luego de ser detenidos durante una manifestación contra el régimen. Rojas murió unos días después, mientras Quintana sobrevivió, con el cuerpo gravemente deformado.

En ese momento tenían 19 y 18 años.

Aunque la ley de amnistía de 1978 en el país se ha aplicado en los últimos años, la sentencia del juez Carroza se basó en las leyes internacionales de derechos humanos, que consideran el caso como un crimen de lesa humanidad (tortura, secuestro, asesinato) sin posibilidad de amnistía ni juicio.

La sentencia promedio fue de 10 años.

El abogado de Quintana, Héctor Salazar, dijo que estaba complacido con la decisión y quiere que se “enseñe” en la academia militar del país. La madre de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri, consideró que la decisión fue positiva pero tardía, y que la sentencia fue demasiado benévola considerando el alcance del delito.

“Aun así, me alegra que estos criminales no puedan seguir mintiendo”, dijo de Negri.

En ese momento, el presidente y capitán general Augusto Pinochet, el dictador que gobernó Chile desde 1973 hasta 1990, dijo que las víctimas se quemaron accidentalmente con una bomba casera que habían llevado a la protesta.

Negri fue un oponente del régimen que se exilió en Washington en 1977 con su hijo Rodrigo. El niño, sin embargo, estaba ansioso por regresar a Chile para documentar el descontento popular con la dictadura.

Fue en uno de estos mítines donde fue arrestado con su amiga Quintana.

Aunque hubo testigos que los vieron llevados a un patio trasero y quemados allí, los militares involucrados aceptaron un pacto de silencio, haciendo así imposible la identificación de los participantes en la acción.

El caso pudo reabrirse en 2014 cuando uno de los oficiales, entonces un soldado raso, decidió romper el pacto al declararse culpable.

Fernando Guzmán declaró que participó en la acción y nombró a sus colegas y al comandante de la operación.

“Después de golpearlos, fue el teniente Pedro Castañer quien decidió que debían quemarse, y él mismo los incendió”, dijo Guzmán a la corte.

Al escuchar el fallo del juez Carroza, los activistas del Grupo de Familiares de los Ejecutados Políticamente en Chile (AFEP) anunciaron que apelarán la decisión debido a las sentencias tibias y la escasa cantidad de la indemnización.

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