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Un nuevo sistema de contrataciones públicas para México

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El sistema de contrataciones públicas de un país puede ser una gran palanca de desarrollo o un inagotable generador de negocios privados. Que sea uno u otro depende básicamente de tres cosas: la legislación que los regula, la plataforma a través de la cual se desarrolla y el tipo de servidores públicos que lo administran.

En México, por los menos a nivel federal, el desarrollo del sistema de contrataciones públicas iba por buen camino. En 2009 se reformó la ley federal en la materia para adaptarla a nuevas prácticas internacionales. Además, se crearon nuevas áreas de política y normatividad en la Secretaría de la Función Pública que tenían como misión modernizar la regulación, los criterios normativos, las capacidades humanas, las políticas transversales y la plataforma de contratación pública llamada CompraNet.

Hoy, estos esfuerzos se encuentran estancados, y CompraNet se ha convertido en el ejemplo de un sistema que nació con las mejores intenciones, se renovó con mucho esfuerzo, pero que se ha quedado corto en el cumplimiento de las exigencias que las contrataciones públicas electrónicas en México requieren.

Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), junto con Inteligencia Participativa (OPI), llevaron a cabo un diagnóstico integral del sistema de contrataciones públicas mexicano y en especial de la plataforma electrónica en la que se encuantra.

Primero, se estudiaron y compararon los más importantes estándares internacionales en el ámbito de las compras públicas y fueron contrastados con la regulación mexicana, para crear un buen marco de referencia. Posteriormente, el análisis se enfocó en el uso de tecnologías de información y la extracción de datos.

A través de un robot de consulta automatizada, herramientas de big data y la consulta de información en diversas fuentes, se realizó un diagnóstico de los procedimientos de contratación del Gobierno federal. La base de información de este proyecto está compuesta por una base de datos con 6 millones de líneas de datos y 230 millones de celdas, provenientes de 9 fuentes distintas. Esta tarea comprendió la revisión de 700 mil procedimientos de contratación, correspondientes a 2.3 billones de pesos, en el periodo de 2012 a 2017.

Con esta evidencia, el IMCO construyó un Índice de Riesgos de Corrupción que califica el nivel de riesgo en cada una de las mil 537 Unidades Compradoras[1] (UC) analizadas para el estudio. Este índice evalúa las prácticas de competencia, transparencia e integridad de las UC de las dependencias y/o entidades del Gobierno federal para identificar riesgos de corrupción. El propósito principal del índice es medir los riesgos e identificar las áreas más problemáticas del Gobierno federal, mas no la denuncia o exposición de casos de corrupción

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