Mancera

El asalto a la Ciudad


El gobierno de la ciudad de México ha decretado la creación de 6 polígonos que en condiciones de opacidad modificarán las condiciones urbanas de enclaves tan emblemáticos como la Doctores, San Pablo, Alameda, Tacubaya, Granadas y Santa Fe

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presenta este reporte, elaborado por Salvador Medina Ramírez de Ruta Cívica, a partir de información de la asociación Suma Urbana.

La Ciudad de México es un caos por la falta de un programa de desarrollo urbano actualizado. Esa suele ser la respuesta que muchos dan ante la crítica situación que vive la capital del país. Lo cierto es que la planeación no está abandonada, solo que es realizada para beneficios de unos pocos, y sin que los habitantes de la capital de la República tengan pleno conocimiento de lo que sucede.

La oferta que se ha hecho en la actual administración capitalina, de una mayor democracia en la planeación de la ciudad (formalizado en el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable -CONDUSE-), se desvanece ante el descubrimiento de la organización Suma Urbana, que detectó que en el último año y medio el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha decretado la creación de seis Polígonos de Actuación en sendos Sistemas de Actuación por Cooperación. Ello impactará el desarrollo inmobiliario de importantes áreas de la ciudad sin ningún tipo de control democrático, ni rendición de cuentas, y sin que ninguno de los decenas de miles de habitantes de estas zonas –y de muchos más que transitan por ellas– se enteren de esas decisiones gubernamentales que, inevitablemente, cambiarán sus vidas.

Esta planeación a espaldas de la ciudanía no es nueva. Durante el año 2012 el entonces GDF intentó aprobar un nuevo Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), el cual fue cancelado por la oposición de grupos de organizaciones civiles, vecinales, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM) ante su falta de discusión pública y la intentona de realizar una consulta exprés para su aprobación.

A pesar de la urgencia real de contar con un nuevo PGDU, que guíe el desarrollo urbano, controle el desarrollo urbano arbitrario y permita enfrentarnos a los retos actuales y futuros (como el cambio climático), la actualización de este aún no se da. Si bien se trabaja con talleres de cierto nivel de participación ciudadana, mediante el CONDUSE, esto no implica que se haya detenido la planeación (oculta) de la ciudad. Todo esto en medio de escándalos que sobre el uso de la Norma 26 (sobre vivienda de interés social) han permitido la proliferación de desarrollos inmobiliarios irregulares (cuyas ganancias podrían ser de hasta 2535 millones de pesos), de operaciones antidemocráticas y de intentos de privatización del espacio y bienes públicos, como el Corredor Cultural Chapultepec.

Los seis enormes Polígonos de Actuación (PA) y Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) detectados por Suma Urbana son: Granadas, Doctores, La Mexicana, San Pablo, Tacubaya y Alameda-Reforma. Polígonos que se estima suman un total de 1,233 hectáreas que son controladas por fideicomisos privados, lo que las hacen totalmente opacas. Áreas equivalentes a 1.7 veces el tamaño del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o 4.5 veces el bosque de Chapultepec. Resalta que tres de ellas se encuentran en la delegación Cuauhtémoc (Doctores, San Pablo y Alameda-Reforma) al sumar 679 hectáreas, las cuales corresponden al 21% del territorio total de la delegación.

SISTEMAS DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN CREADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2015-2016

Si bien el uso del Sistema de Actuación por Cooperación y los Polígonos de Actuación es completamente legal, no hay antecedentes de su empleo en tales escalas urbanas que corresponderían a crear un Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) en la Ciudad de México. Por ejemplo, el de las colonias Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes y Nochebuena, en la delegación Benito Juárez (con 182 hectáreas), o el del Centro Histórico, en la delegación Cuauhtémoc (con 446.7 hectáreas).

Es decir, los seis polígonos son 6.7 veces los citados planes urbanos de la Benito Juárez o 2.7 veces los del Centro Histórico. Dicho de otra manera, los 6 SAC suman 950 manzanas, en las cuales habitan más de 152 mil personas.

Al utilizar estos instrumentos (SAC y PA) se evitan todos los controles y procesos obligados para elaborar y aprobar un PPDU:

  • Un diagnóstico público de la zona.
  • Talleres de participación ciudadana en cooperación con el gobierno delegacional.
  • Consulta pública del plan.
  • Discusión pública y aprobación en la Asamblea Legislativa.
  • Detalles del plan que incluyen los usos de suelo, obra pública, etcétera.

Existe incluso la posibilidad de que estos SAC, por su escala e implicaciones, violen como mínimo el artículo 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos que establece que los planes o Programas de Desarrollo Urbano deberán estar a consulta del público (y tal vez los artículos 55 y 57 también).

Los SAC consisten en acuerdos entre privados, o con la administración pública, que se componen de predios privados y públicos, para realizar acciones urbanísticas dentro de una zona delimitada, llamada Polígono de Actuación (PA). La forma en que se utilizan estos instrumentos jurídicos se presta para una discrecionalidad enorme, pues permite relocalizar y permutar usos, destinos y potencialidades del suelo y de construcción de los mismos predios (privados o públicos), así como relotificar; independientemente de los planes urbanos preexistentes. Asimismo, permiten obtener permisos, licencias y autorizaciones de forma expedita. No sólo esto, en el caso de tratarse de terrenos o inmuebles del gobierno dentro del PA, incluso podría darse el caso de que no sea necesario obtener autorizaciones adicionales a las establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, o a la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público para llevar a cabo los desarrollos dentro del SAC. A estos últimos se les dará prioridad y podrían realizarse enajenaciones mediante Asociaciones Público Privadas. Esto se convierte en un gran incentivo para atraer desarrolladores inmobiliarios, quienes se pueden beneficiar de una gran discrecionalidad al incrementar su potencial de construcción (fuera de los planes autorizados), desarrollar dentro de predios gubernamentales y reducir los tiempos de trámites.

Todo lo anterior a cambio de cuotas que se establecen mediante un “modelo de tasación” que no es público y cuyos recursos se dirigen a un fideicomiso que maneja cada SAC. Recursos que son utilizados únicamente dentro del mismo SAC, por lo que no necesariamente pasarán por la tesorería pública y podrían no estar sujetos a rendición de cuentas.

De la misma forma, al ser aprobados únicamente mediante un proceso burocrático que se notifica como un “acuerdo” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin los requisitos de un PPDU, se oculta la dimensión exacta de estos SAC y su ubicación, pues no publican plano alguno o datos del Polígono de Actuación. Solo describen los polígonos en función de las calles que los delimitan, por lo que el ciudadano se debería dar a la tarea de interpretar y hacer los cálculos correspondientes para tener una idea de su localización precisa y tamaño exacto.

Así, los SAC y PA se convierten en mecanismos perfectos para la opacidad, para la falta de rendición de cuentas, para evitar los procesos democráticos, para la discrecionalidad y posiblemente para el control de vastas áreas de la ciudad por parte de particulares. Esto último debido a que los SAC se administran desde fideicomisos privados (controlados por un comité técnico), los cuales impiden saber quiénes los componen y qué predios se han aportado a cada uno y a cambio de qué. Esto a pesar de que todos los SAC creados estarán a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), que se establece que serán transparentes y que tienen que estar incorporados al Registro de Planes y Programas de SEDUVI. Registro que no se encuentra en su versión pública electrónica de difusión.

De esta forma, antes de que se apruebe el nuevo PGDU (previsto para este año), ya hay una suerte de planes parciales aprobados sin discusión pública. A partir de lo anterior no sorprendería que estos PA se tratarán de incluir en el nuevo Programa de Desarrollo Urbano para legitimarlos.

Investigación de Salvador Medina Ramírez, para Ruta Cívica, con información de Suma Urbana.

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