O nos pagan lo justo, y lo que corresponde a la ley, o no hay tren

Este contenido aún no se ha verificado. Ayúdanos a mejorarlo ingresando a tu cuenta y editándolo. Si crees que aún no es suficiente, coméntalo con la comunidad en la opción de conversación de la plataforma. Si crees que este artículo debe eliminarse, por favor escribe a [email protected]


EL TREN MAYA QUIERE PASAR POR TIERRAS SIN EXPROPIAR E INDEMNIZAR.

El sueño del Tren Maya es tan largo, como larga ha sido la pesadilla para miles de ejidatarios que, desde por lo menos hace 50 años, siguen esperando que el gobierno federal los indemnice por los terrenos que cruzan la carretera 307, por donde, todo indica, se tenderán parte de los rieles para el ferrocarril.

Según los planes generales del proyecto que se conocen, el Tren Maya correrá por 1,525 kilómetros, entre los que se incluye a Quintana Roo en el Tramo Caribe con unos 446 kilómetros. Por este último tramo, desde hace 50 años, el gobierno federal les sigue adeudando a miles de ejidatarios el pago por el uso de sus tierras.

Silencio e indiferencia ha sido la respuesta de gobiernos que van desde Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), cuando se construyó la carretera 307, pasando por el de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), quien retomó el proyecto, hasta el de Enrique Peña Nieto 2012-2018), y ahora el de Andrés Manuel López Obrador… A todos les ha parecido menor e insignificante que al menos 253 kilómetros (que pertenecen a once ejidos) no cumplan con las reglas legales de expropiación y mucho menos la indemnización justa a los ejidatarios afectados.

En febrero de 2015, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, ubicado de Chetumal, dio la razón a los ejidatarios y ordenó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, a cumplir con la ley y a corregir todos los errores. Básicamente, ordenar todo el proceso de expropiación e indemnización. Tal determinación fue confirmada por el Tribunal Superior Agrario, en su sentencia del 6 octubre de 2015.

El 18 de abril de 2018, poco antes de que iniciaran las campañas presidenciales, que ganó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, ex coordinadora de su campaña) anunció el proyecto del Tren Maya: “Con #AMLOVE queremos que México llegue a ser un ejemplo para el mundo en muchos ámbitos. El hermoso proyecto del Tren Maya marcará un hito global en el turismo y el desarrollo regional, siempre cuidando el medio ambiente” .

En el proyecto de Nación 2018-2024, presentado por el partido político Morena y Andrés Manuel López Obrador, se incluyó el plan del Tren Turístico Transpeninsular (páginas 239 a 241) para cubrir el recorrido de Cancún hasta Palenque, con escalas en Tulum, Bacalar, Calakmul, misma zona que compete a esta investigación periodística. Sin embargo, nadie del círculo cercano del hoy presidente se había acercado a los ejidatarios para, al menos, informarles del interés por ocupar parte de sus tierras para el cruce del Tren Maya. Menos aún, saber el estado legal de todos esos terrenos. Y aunque esta información ya no está disponible en el sitio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuenta con el documento en PDF de cuando aún era público http://www.proyecto18.mx/

El jueves 24 de enero de este año, Pablo Careaga, encargado del Tramo Caribe del Tren Maya, se reunió con los ejidatarios de Chunyaxche, Quintana Roo, uno de los once ejidos que demandan indemnización. De acuerdo con versiones de asistentes, el funcionario habría aceptado desconocer los problemas de expropiación e indemnización pendientes que había y que, incluso, se estaba enterando, por lo que ofreció concertar una cita con el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, para ver de qué forma podría ayudarles a resolver los problemas.

Los ejidatarios, por su parte, fueron contundentes:

“O nos pagan lo justo y lo que nos corresponde por ley o no hay tren”.

Todo parece indicar que los funcionarios, o no saben o no quieren saber que, al menos, una gran parte de las vías por donde pasará el Tren Maya (253 kilómetros), cruza por una larga ruta de ilegalidad y abusos contra los pobladores.

MCCI presenta en esta investigación pruebas y testimonios de cómo, por décadas, se escondió información a miles de ejidatarios acerca de sus derechos y beneficios y que, a pesar de que en los últimos dieciocho años sus demandas se han intensificado, a la fecha siguen sin resolverse.

CINCUENTA AÑOS EN EL ABANDONO DE LAS AUTORIDADES

Fue en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz cuando dieron inicio los trabajos de la construcción de la Carretera federal 307, Reforma Agraria, que conecta a Chetumal con Cancún, en Quintana Roo. Ejidatarios recuerdan cómo la construcción, por donde pasan los casi 400 kilómetros de vía, fue interrumpida en varias ocasiones debido a su naturaleza selvática y, por tanto, de muy difícil acceso para la maquinaria. La obra se extendió hasta el sexenio de Luis Echeverría en 1975.

Antes de ese proyecto, muchos de estos ejidos sólo se conectaban a través de caminos que los pobladores, en su mayoría indígenas, recorrían a pie, lo que implicaba trayectos de hasta cuatro días para llegar a Mérida.

Con esta carretera se agilizaron los trayectos en automóvil entre los municipios de Benito Juárez, Tulum, Bacalar y Chetumal, al sur de Quintana Roo, lugares claves en el turismo y transporte de la entidad, tanto a nivel nacional como internacional. En 1975, en el gobierno de Luis Echeverría, se construyó la Carretera federal 293, vía corta Mérida-Chetumal, la cual conecta a las dos capitales del sureste, a la altura de Bacalar, a través de 99 kilómetros.

En estos dos tramos carreteros se ubican al menos 15 ejidos, constituidos anteriormente a la carretera y con una población de origen maya, quienes al principio creyeron en los beneficios que les traería la construcción de estas vías.

Sin al menos la cortesía de parte del gobierno de avisarles, de un día para otro, la maquinaría empezó a horadar sus comunidades y a ocupar a sus jóvenes como albañiles en la construcción.

Esto, que ya de por sí comenzaba a afectar de manera negativa su cotidianidad, se complicaría aún más. A todos los funcionarios se les olvidó un detalle nada menor: expropiar e indemnizar los terrenos ejidales por donde cruzaría la carretera.

De acuerdo con la Ley de Expropiación (1936), las condiciones básicas para que el gobierno federal ocupe territorios para infraestructura social es a través de la expropiación y la indemnización a ejidatarios o dueños de las tierras ocupadas, lo que en el caso de esta investigación, nunca ocurrió. A continuación se explica el proceso de Expropiación de acuerdo a la ley.

En el Registro Agrario Nacional no hay expedientes que, cuando menos, den cuenta de los trámites para la expropiación de estos ejidos, ni mucho menos los decretos que por ley deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Nadie expropió, nadie pagó… y de ahí se formó una cadena de actos ilegales e injustos durante 50 años.

LA COMUNIDAD MAYA, EN DEFENSA DE SUS TIERRAS

Entre 1999 y 2008 se reinició la modernización y ampliación de carriles de estas dos carreteras. Los ejidatarios, de nueva cuenta, reclamaron al gobierno federal el uso de sus tierras, sin que se les indemnizara.

Los tribunales agrarios han reconocido los derechos de los ejidatarios, y en todos estos casos han exigido al gobierno federal que se realicen los procesos expropiatorios y se haga el pago justo por el uso de sus tierras.

Sin embargo, el avalúo que ha realizado el Instituto de Administración y Avalúos Nacionales (Indaabin) es una ofensa para los ejidatarios, por decir lo menos. Además de considerar un pago casi ofensivo, no se ha considerado lo que por ley se establece como pago de compensación por el tiempo de ocupación previa. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido parámetros de indemnización en favor de los ejidatarios, mucho más altos de los pretendidos por el Indaabin.

Un papel fundamental en toda esta batalla legal ha sido el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia responsable de planear y administrar la construcción y modernización de la red carretera federal.

Resultado de las demandas interpuestas por los ejidos del sur de Quintana Roo, distintos tribunales agrarios condenaron a la SCT a realizar debidamente el procedimiento de expropiación, del pago y la indemnización (en algunos casos mediante procedimiento de expropiación) por la ocupación ilegal de tierras ejidales, para la construcción y posterior ampliación de la Carretera federal 307.

Pero a más de diez años de las primeras sentencias contra la SCT, a la mayoría de los ejidatarios no se les ha indemnizado, y a los que les han pagado, ha sido una cantidad muy inferior al valor de sus tierras. Como en el caso de Bacalar, que se les indemnizó con alrededor de un millón de pesos la hectárea, mientras que a los ejidatarios de Los Divorciados y José María Morelos, les pagaron apenas unos 94 mil pesos por hectárea. Aunque la diferencia de pagos es amplia entre estos ejidos, sigue siendo injusta en estos casos, de acuerdo con los mismos pobladores.

Las “batallas” legales no han sido sencillas para las comunidades, pues requiere de costos de traslado, días completos en Chetumal y Cancún para revisar expedientes, así como el pago de abogados y viáticos de quienes llevan cada caso. Sumado a ello, muchos de los ejidatarios no cuentan con educación básica, sobre todo los de la tercera edad, que apenas saben leer y escribir, por lo que los trámites para ellos suelen ser una tortura.

LA DEFENSA POR LAS TIERRAS MAYAS

Apenas el año pasado (20 de febrero de 2018) ocho de los ejidos que demandan el pago por sus tierras protestaron en las oficinas de SCT en Chetumal. Días después, la delegación de la SCT en Quintana Roo organizó una reunión con los comisariados de los ejidos para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, ejidatarios y abogados coincidieron que los términos y las condiciones que querían imponer las autoridades eran muy distintos a sus exigencias. Una vez más quedaron en la incertidumbre.

Link video – https://youtu.be/voX_GXtPOWM

Por la protesta en Chetumal, algunos de los participantes fueron acusados por delitos contra las vías de comunicación. Y aunque la denuncia no ha procedido contra ellos, los ejidatarios temen volver a protestar y que sean detenidos.

Durante estos años de litigios, los ejidatarios se han organizado para que, sin importar quién los represente o cuál sea el gobierno local o federal que deban enfrentar, puedan seguir con la defensa legal de sus derechos.

MCCI buscó al Indaabin para solicitarle información respecto a los avalúos faltantes. Sin embargo, la dependencia negó que existieran pendientes. Al insistirle que teníamos conocimiento que los defensores de los ejidos han señalado que están pendientes los avalúos y que por ello la SCT no ha realizado los pagos correspondientes, argumentaron que la información era de carácter privado y que no podrían dar a conocer los avalúos que corresponden o el trabajo que se ha realizado en torno a estos ejidos.

En entrevista con Raúl González, jefe de la Unidad Jurídica de SCT de Quintana Roo, reconoció que existen demandas por la indemnización y expropiación de la carretera federal 307 y que cada ejido presenta ciertas particularidades pero que, sin embargo, los procesos no se han concluido.

A continuación se describe la situación legal de cada ejido:

CHACCHOBEN: DONDE LAS TIERRAS CUESTAN 4 CENTAVOS EL METRO

La comunidad de Chacchoben cuenta con 18 mil hectáreas otorgadas en 1941, de las que son propietarios 300 ejidatarios. Está ubicado en el municipio de Bacalar, a una hora y media de Chetumal, Quintana Roo. La mayoría de su población es indígena maya.

En enero de 2013, los ejidatarios promovieron una acción legal por el pago y la indemnización de 81 hectáreas que ocupa el paso de la Carretera federal 307. La representación legal ha sido acompañada por la Cooperativa Servicios Jurídicos Integrales que asesora a otros 15 ejidos por la misma situación, entre ellos los ejidos Los Divorciados y José María y Morelos.

En 2018, el Indaabin ofreció a los ejidatarios de Los Divorciados y de José María y Morelos un pago de 94 mil pesos por hectárea a cada uno. De acuerdo con Nazarín Espino Solís, representante de la Cooperativa Servicios Jurídicos Integrales, despacho que lleva varios casos, los ejidatarios aceptaron una suma que era menor a lo que la defensa legal esperaba.

Después de que los Tribunales Agrarios le dieran la razón a los ejidatarios, el INDAABIN determinó que por las 81 hectáreas utilizadas se debía un pago de 22 mil pesos, cifra rechazada por los ejidos. En un segundo avalúo la dependencia determinó que sus tierras tenían un valor de cuatro centavos el metro.

Link video – https://youtu.be/cpKWiXs3–w

Con esa misma lógica, el Indaabin avaluó los ejidos de Chacchoben, a los que puso un precio de 22 mil pesos por el total de las 81 hectáreas que se utilizaron para la carretera; es decir, unos 271 pesos por hectárea, algo así como 0.027 pesos el metro, cantidad que rechazaron rotundamente. Según la SCT, el precio es el que correspondía al valor que las tierras tenían el año que se construyó la carretera, sin atender los criterios de la SCJN, que establece el pago de compensación por el tiempo de ocupación previa.

Solamente para que se tenga una idea del nivel de incongruencia. Mientras el Indaabin determinó que 81 hectáreas apenas costaban unos 22 mil pesos,este instituto cobró por sus servicios 884,760 mil pesos.

Al amparo interpuesto por los ejidatarios, el Tribunal Agrario ordenó al Indaabin emitir una nueva propuesta. En esta segunda, el instituto aumentó 11 mil 500 pesos al precio de las 81 hectáreas, es decir, de 22 mil a 33 mil 500 pesos.

Una vez más, la defensa argumentó que ese nuevo avalúo era ilegal, pues la propia ley señala que deben ser a precio comercial actual, incluso se contempla un pago adicional por actualización. Pese a que hay una segunda resolución del Tribunal, han pasado dos años y el Instituto de Administración no ha cumplido con emitir un tercer avalúo de acuerdo a los parámetros puestos en la ley.

Para tener otra idea del bajo precio que se quiere pagar. En 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari expropió un predio en el Ejido el Cafetal, frente a Chacchoben, para la instalación de la Subestación Eléctrica Limones, la indemnización por 48 hectáreas fue de 4 millones de pesos, dando un valor a las tierras de 83 mil pesos por hectárea.

PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ

Su proceso legal comenzó en 2014 y están en espera de su primer avalúo. Por este ejido cruza la Carretera federal 293, que conecta con la 307 a la altura de Bacalar y a unas dos horas de Chetumal. Siguen en espera de su primer avalúo.

El ejido se constituyó en 1973. La mayoría de los ejidatarios ha migrado de otras comunidades del país. Sus hijos son la primera generación originaria del poblado también conocido como La Pantera. Por este ejido cruza la Carretera federal 293, que conecta con la 307 a la altura de Bacalar y a unas dos horas de Chetumal.

La carretera 293 se comenzó a construir en 1975. Durante cuatro décadas el ancho de esta vía fue de 7 metros. Con la ampliación de carriles, en 2008, aumentó a 40 metros, lo que provocó la inconformidad sobre todo de quienes vivían a la orilla de la carretera.

Link video – https://youtu.be/AYETwHi5-Rs

Este ejido fue de los últimos en sumarse a las demandas por indemnización. Su proceso legal comenzó en 2014 y están en espera de su primer avalúo.

FELIPE CARRILLO PUERTO Y EL DOBLE ENGAÑO Y ABUSO DEL GOBIERNO

Después de que los ejidatarios protestaron y por la construcción del libramiento vehicular, la SCT ofreció un pago anticipado con la promesa de un segundo avalúo, y así resolver la situación, sin embargo la dependencia se amparo para evitar este segundo pago.

Antes de la construcción de la Carretera federal 307, los habitantes de Felipe Carrillo Puerto sólo contaban con dos opciones para transportarse: en avión o a pie. En esas condiciones, la carretera prometía mejorar la comunicación y, por tanto, la calidad de vida de los pobladores.

Pero esas expectativas pronto se convirtieron en frustración.

Con el proyecto de ampliación de la carretera volvieron las exigencias de los ejidatarios por el pago de la indemnización que les correspondía. Sin que se solucionara el conflicto, en 2012 la SCT inició otro proyecto ahí mismo: el libramiento Carrillo Puerto, con el cual se pretendía que los vehículos que viajaran de Chetumal a Cancún y que pasaran por la Carretera federal 307 no cruzaran por esa ciudad, ahorrando así hasta 10 minutos.

Para ese entonces, el INDAABIN ya había emitido un primer avalúo fijando un pago total de 11 millones de pesos por las 116 hectáreaspor donde pasa la carretera 307, algo así como 9 pesos por metro de carretera, por lo que los ejidatarios rechazaron esa suma.

Esta situación generó mayor inconformidad, pues una vez más usaron los terrenos del ejido sin previo aviso ni pago de por medio. Las protestas en Carrillo Puerto se intensificaron, incluso los ejidtarios tomaron los terrenos donde se construía el libramiento. Su reclamo tenía que ver con pagos pendientes desde 2008 sobre el uso de la carretera 307 y de este nuevo proyecto.

Link del video – https://youtu.be/4L8rx561goY

Ante las protestas, la SCT llegó a un acuerdo de pago anticipado con los ejidatarios para tomar como precio el primer avalúo emitido por el instituto, y cuando éste emitiera un segundo estudio, la SCT se comprometía a pagar el faltante. A cambio los ejidatarios retiraron su plantón y permitieron la construcción del libramiento.

Sin embargo, pese al acuerdo firmado entre la dependencia y el ejido, la SCT volvió a promover un amparo para que el Tribunal reconociera como pago único y final el entregado a los ejidatarios, argumentando que éste era a valor de la época de construcción y que la carretera tenía un fin social.

En octubre de 2018, el Tribunal Agrario dio sentencia a favor de la dependencia por lo que un mes después los ejidatarios interpusieron un amparo argumentando que no fue el acuerdo al que habían llegado y que tenía que tener un precio a valor actual . Así que a la deuda por el pago de los terrenos para construir la Carretera 307, habrá que sumarle los pagos correspondientes por el libramiento… Y que por ahí también se planea que pase el Tren Maya, incluso se construya una de las estaciones del Tramo Caribe.

En uno de los presupuestos presentado por la SCT en el gobierno de Felipe Calderón, (documento técnico de diciembre de 2010) se contemplaba una inversión de 617 millones de pesos para el libramiento. La responsabilidad de la obra estaba a cargo de Grupo II, integrado por las empresas Aloa Ingeniería S. A. de C. V. e Impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo S. A. de C. V. La primera etapa se realizó de marzo a diciembre de 2012.

Pero a inicios de 2013, la SCT informó que no contaba con presupuesto para concluir la obra en tiempo y forma, por lo que se tuvo que ceder la construcción de los puentes y entronques a Banobras con el fin de permitir la inversión privada, la cual estuvo a cargo de la constructora Aldesa. Uno de los efectos de ese cambio fue el cobro de peaje a favor del concesionario.

Durante estos años, los ejidatarios volvieron a protestar por el daño de tierras y por el pago de indemnización extra. Conforme iba creciendo la obra, la constructora utilizaba más terreno del acordado. En 2014, pese a que la obra no estaba concluida, operó durante cinco meses, obligando a que los habitantes cerraran este tramo carretero, ya que argumentaron que su mala planeación estaba ocasionando constantes accidentes automovilísticos.

Estos problemas fueron desestimados por la SCT ya que, a decir de la misma dependencia, era un conflicto que debía resolver Banobras, pues ellos eran los nuevos responsables del proyecto. Banobras, por su parte, se negó a escuchar las exigencias de los ejidatarios afectados argumentando que era un conflicto con la empresa constructora.

El libramiento entró en operaciones en julio de 2016 y es necesario pagar cuota, lo que también se les aplica a los pobladores. Para pasar a sus tierras de trabajo deben pagar 24 pesos en caso de ir en vehículo y 13 pesos si viajan en motocicleta.

Sobre la situación del ejido, la SCT informó que ellos están en cumplimiento de la resolución del Tribunal, por lo que para la dependencia no existen adeudos con el ejido.

Link video – https://youtu.be/9yZ78VAdulI

El libramiento de cuota de la Carretera 307, pasa por terrenos del ejido y al ser un cruce de peaje, los ejidatarios se ven obligados a pagar hasta 23 pesos por pasar por sus propias tierras.

En noviembre de 2018, Pablo Careaga Córdoba, encargado del Tramo Caribe del Tren Maya, se reunió con los ejidatarios para presentarles el proyecto anunciado por López Obrador, aunque básicamente les reprodujo el video de 3:00 minutos sobre el plan general, el cual tiene un carácter turístico y no informativo. Ahí terminó la reunión, no dieron más detalles sobre las vías que serían utilizadas, mucho menos escuchó los problemas que tienen con los propietarios:

“Hemos quedado en el olvido, ellos simplemente están cumpliendo en tomarse la foto y llenando el expediente de que se reunieron con los ejidatarios, pero eso no quiere decir que nos hayan dado respuestas. Jurídicamente cumplen, pero eso sólo lo hacen de manera superficial, de alguna manera engañando, porque hacen la reunión y dicen que van escuchar nuestras necesidades pero nunca lo hicieron, se quedó en plática y nunca se volvieron a reunir con nosotros”, dice uno de los ejidatarios consultados, quien por temor a alguna represalia de parte del gobierno solicitó no se citara su nombre.

El 18 de enero de 2019, representantes del Tren Maya se reunieron con el presidente municipal de Carrillo Puerto, aunque los ejidatarios desconocen los términos de esta reunión y los funcionarios locales se niegan a hablar de ello.

XMABEN Y ANEXOS: CUANDO EL GOBIERNO ES JUEZ Y PARTE DEL CONFLICTO

La Procuraduría Agraria es quien representa a este ejido. De acuerdo a testimonios de los ejidatarios, la dependencia no entrega información puntual. Lo que genera confusión entre el mismo ejido. A 11 años de que inició su proceso no hay sentencias firmes en el caso.

Este ejido pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto, a una media hora de la cabeza municipal. A diferencia de los otros, el poblado también conocido como El Señor está representado por la Procuraduría Agraria, lo que tampoco ha sido una garantía a favor de los ejidatarios, pues la dependencia ha jugado un papel más para favorecer a la SCT. No tienen informes puntuales, les retardan y escatiman la información.

Link video – https://youtu.be/hB48s-qqSFE

De acuerdo con Cándido Pat Canché, secretario del ejido, la Procuraduría Agraria ha abusado de los ejidatarios, particularmente de quienes no saben leer ni escribir, lo que ha traído como consecuencia infinidad de irregularidades en procesos y demandas legales.

MCCI, se comunicó con la Procuraduría Agraria en el estado de Quintana Roo, quienes reconocieron que existían terrenos sin expropiar por donde cruza la carretera pero que ellos estaban realizando los trabajos necesarios para resolver el tema con algunos ejidos y que pese a que han salido sentencias a favor de los ejidos son procesos muy largos. También se entrevistó también a Isabel Gamboa delegada jurídica en Chetumal y quien lleva el caso de Xmaben y Anexos, quien comentó que le era imposible darnos información ya que los casos siguen abiertos, pero que todos tienes su particularidades y lo que hace la dependencia es defender de forma gratuita a los ejidatarios que así lo solicitan.

CHUNYAXCHE: LAS NUEVAS GENERACIONES EN DEFENSA DE SUS TIERRAS

Iniciaron su proceso legal en 2012. El Tribunal Agrario condenó a la SCT a informar periódicamente sobre los procesos para expropiar. Por el incumplimiento de la dependencia, la defensa pidió la destitución del entonces secretario Gerardo Ruiz Esparza. El ejido se encuentra en espera de un avalúo y respuesta de la SCT.

El ejido de Chunyaxche fue reconocido en 1935 y se encuentra en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Es el segundo ejido más grande de México, con un total de 112 mil 967 hectáreas para 610 ejidatarios.

En 2012 los ejidatarios interpusieron su primera demanda contra la SCT reclamando la restitución de 66 hectáreas, mismas que corresponden al tramo de la Carretera federal 307. En 2015 el Tribunal Agrario Distrito 44 emitió una resolución, en la cual ordenaba a la SCT iniciar el proceso de expropiación.

En respuesta, la SCT, a través de la PGR (que la representa legalmente), interpuso un amparo que finalmente le fue negado en mayo de 2016. El Tribunal Superior Agrario confirmó su sentencia y le ordenó a la SCT informar cada 15 días sobre las acciones que seguiría para realizar el procedimiento de expropiación.

Link video – https://youtu.be/AyUJ66oD2Ak

La SCT no sólo incumplió la orden del juez. Los informes no fueron precisos y hasta el momento no se cuenta con los avalúos correspondientes de las tierras. Incluso en algún momento, el juez le impuso dos multas al secretario Ruiz Esparza, mil y tres mil pesos, algo así como 40 salarios mínimos por el incumplimiento de sus sentencias. Aunque durante el proceso legal hubo cambio de gobierno, la nueva administración sigue obligada a informar sobre los procesos para la expropiación, situación que aún no sucede.

 

LA CARRETERA 307, MANZANA DE LA DISCORDIA DE DOS MEGA PROYECTOS

Para el 2019, al proceso de expropiación y pagos pendientes, se suma una nueva amenaza: el anuncio de Proyectos México, el cual pretende ampliar la Carretera Federal 307 de dos a cuatro carriles.

Aunque desde 2016 el gobierno de Quintana Roo anunció la ampliación de carriles en el tramo Bacalar-Tulum, el proyecto se interrumpió por varios años, y fue hasta septiembre de 2018 que se anunció se retomaría el plan, el cual contempla una inversión de más de 90 millones de dólares.

En septiembre de 2018, Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, aseguró que Banobras validó el proyecto de ampliación; sin embargo, omitieron cualquier comentario sobre la situación legal de este tramo carretero.

MCCI consultó a los abogados que llevan el caso por la indemnización, para saber qué tanto estaban enterados de la ampliación, y ambos negaron conocer información o acercamiento de las autoridades para informar a los ejidatarios. También se consultó a los comisariados para saber si conocían sobre este proyecto y la respuesta fue similar.

Hasta el momento, lo único que se conoce es lo que se ha difundido en redes sociales, noticias y en el sitio de internet Proyectos de México. En este sitio no se descartaba que con el cambio de gobierno federal podía ser suspendido. Sin embargo, la última actualización del sitio (1 de diciembre de 2018), ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, toda la información se mantenía sin modificaciones.

Durante la reunión de Pablo Careaga con el ejido de Chunyaxche, aseguró que Rogelio Jiménez Pons y él tuvieron una reunión con Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, en la cual ellos abogaban para que ya no se realizara la ampliación de la carretera, pues con el tren habría una reducción del tráfico vehicular por lo que este proyecto ya no era necesario. Sin embargo, en entrevista con MCCI, se le preguntó sobre el estatus de la ampliación de la carretera y aseguró desconocer el proyecto. Dijo que era la primera vez que escuchaba sobre ello.

Durante la realización de este reportaje, MCCI buscó a Proyectos México a través de Eduardo Ortíz Jasso, contacto del proyecto, para saber la situación y el estatus de la ampliación de la carretera. A través de la oficina de prensa, Proyecto México indica que es una plataforma de transparencia y difusión de proyectos de infraestructura y que toda la información que publican es de carácter oficial y con base en la información que entregan los gobiernos correspondientes y que, hasta el momento, la ampliación de la carretera seguía en pie.

Al ser cuestionados si el este proyecto interfería o contraponía con el Tren, aseguraron que no, que tanto la ampliación de carriles como el tren podían coexistir en la misma zona. Referente a la situación legal dijeron desconocer que existieran demandas por la indemnización de la carretera.

En caso de que esta ampliación se concretara, las autoridades tendrían que seguir los pasos previamente establecidos en la Ley de Expropiación, algo que hasta este momento no ha sucedido.

Sólo por citar algunos renglones, el Artículo 2 constitucional en su párrafo IX reconoce el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas, por lo que los proyectos que contemplen un Plan Nacional de Desarrollo y que impacten en sus comunidades deben ser consultados previamente. Pero nada de esto se ha cumplido: ni para el plan de ampliación de la carretera ni para el Tren Maya.

Diversos criterios jurisprudenciales publicados en enero de 2019 determinan que para todo proyecto que tenga un impacto social-ambiental se debe consultar previamente a las comunidades indígenas, y en caso de que no se cumpla con esto, ya sea en lo individual o colectivo, se puede frenar dicha obra. Puestos estos criterios jurisprudenciales en el contexto del Tren Maya, cualquier interesado podría buscar en cualquier momento la cancelación de la obra en caso que no se realice la consulta indígena previa al inicio del proyecto.

Link video – https://youtu.be/loqMB5ibHMM

EL TREN MAYA, LA NUEVA AMENAZA

Durante la conferencia del 23 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces virtual ganador presidencial, anunció que se destinarían alrededor de 500 mil millones de pesos para los programas prioritarios, en los cuales se contempla la construcción del Tren Maya.

En esos planos, hasta el momento públicos, no incluye información precisa sobre dónde pasará en su totalidad este mega proyecto. En algunas entidades como Yucatán está claramente marcado el uso de las vías ferroviarias, y los mapas que se presentan sobre el paso por Quintana Roo, coinciden por donde pasa la Carretera federal 307.

Durante la reunión que Pablo Careaga tuvo con los ejidatarios de Chunyaxche (enero, 2019), reconoció que todo es tentativo, que no se ha definido por dónde pasará el Tren, porque faltan estudios por hacer y es probable que el Tren Maya pase por donde están los postes de luz, a escasos cuatro metros de la carretera.

Pablo Careaga, quien reconoció en entrevista con MCCI que aun cuando llevan varios meses de acercamiento con organizaciones y algunos ejidos como Bacalar y Tulum, desconoce el conflicto territorial acerca de dónde pasará el Tren Maya. Sin embargo, los procesos de indemnización y expropiación no competen al Proyecto del Tren. Por ello, el funcionario dio aviso a Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, para que éste pudiera dar seguimiento al caso, pero que, a su parecer, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe solucionar el conflicto.

MCCI también contactó a Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, quien aseguró que “recientemente” se habían enterado del conflicto y que en todo caso era un tema que debía solucionar la SCT.

Dijo que durante el proceso del Tren Maya se han encontrado con otros conflictos territoriales que dejaron las administraciones pasadas y que en aras de que la gente estuviera conforme con el Tren Maya, ellos tratarían de ayudar a la conciliación de las tierras. Sin embargo, hasta el momento no han realizado alguna acción formal porque primero deben asegurarse que el conflicto sea real, es decir, buscar a las dependencias, como la de Comunicaciones y Transportes para que estos puedan explicar y con ello entender qué ha sucedido en estos años.

Jiménez Pons aseguró que el Presidente no tiene conocimiento de este problema porque “a él no le consta que todo lo que dijeron los ejidatarios sea cierto” Por lo que, hasta que no estén seguros de ello, no van a trabajar en atender estas inconformidades.

En la página lopezobrador.org.mx el mega proyecto sí pasaría por una parte importante de esta carretera, por lo que resulta, al menos extraño, que de parte del gobierno federal no se hayan acercado directamente con los ejidatarios, propietarios de las tierras por donde pasarán estos 223 km de los 466 km que están en conflicto del Tramo Caribe.

Lo único que se ha dado y apenas con los ejidatarios de Chunyaxche y Carrillo son acercamientos informales, pero sin entrar en los temas que les preocupan a los habitantes.

Con el cambio de gobierno y la transición, la Cooperativa Servicios Jurídicos Integrales buscó varios acercamientos tanto con los diputados federales y senadores de Morena, como con el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador.

En un primer acercamiento, la defensa legal buscó al diputado Jesús Pool, a quien solicitaron ayuda para facilitar un encuentro con el Indaabin. Esta nunca ocurrió. Los tiempos de la transición y los nombramientos lo imposibilitaron. La promesa de que se haría entre el 1 y 15 de diciembre de 2018, tampoco se cumplió.

Un segundo intento se dio a través del senador José Narro. El legislador se comprometió con los abogados de los ejidatarios a que se haría un pago justo por las tierras. Los defensores pidieron como pago al menos 600 mil pesos por hectárea, tomando como referencia a Bacalar, que les dieron un millón de pesos por hectárea. La oferta del senador fue de 400 mil pesos, pero fue rechazado por los ejidatarios. La comunicación se suspendió y no se ha reanudado.

MCCI buscó al senador por Morena quien dijo que la información entregada por la defensa legal fue poco precisa y que él no podía emitir avalúos, por ello turnó su caso a Sedatu, a través del subsecretario Gustavo Cárdenas, para intentar llegar a un acuerdo de indemnización, pero que desconocía cuál fue el proceso entre la dependencia y los ejidos.

En octubre de 2018, cuando López Obrador visitó Cancún aseguró: “Guste o no guste a nuestros adversarios, habrá Tren Maya”. En ese mismo evento, representantes del ejido Chacchoben entregaron al equipo del presidente electo una carta en la que le informaban la situación legal de sus tierras. Aunque ellos no tienen un acuse de recibido, aún recuerdan que directamente AMLO designó a una persona para recibir todas las cartas sobre los problemas que tenían en la región.

En el documento le decían al Presidente:

“Ponemos a su superior conocimiento que con fecha del 17 de enero de 2013 presentamos demanda de restitución de tierras ejidales ante el Tribunal Unitario Agrario número 44 con sede en Chetumal, contra la SCT, teniendo sentencia favorable… pese a tener ya sentencia firme desde el año 2015, la SCT se niega a pagar la indemnización mandatada…

Somos una comunidad de casi tres mil electores que en unidad sufragamos a favor de Usted y de los candidatos de Morena, reiteramos la confianza y el apoyo incondicional a su gestión que inicia a partir del primero de diciembre confiando plenamente en su disposición de apoyar a los hombres del campo y no dudamos que se nos hará justicia con el pago pronto y justo que beneficiará directamente a más de 300 familias.

Le solicitamos pacífica y respetuosamente tenga a bien y de no haber inconveniente gire sus apreciables instrucciones al nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes para que tome cartas en el asunto y se dé el pronto pago y justo de lo que conforme a derecho nos corresponde.”

Aunque la carta tiene dirección y teléfonos de contacto, nadie se acercó a ellos para darle seguimiento.

En otro intento de la defensa legal por acercarse al equipo de AMLO, los ejidatarios conversaron con los vicecoordinadores de Quintana Roo, un grupo de cuatro personas designadas por el propio López Obrador. En ese entonces, como no estaba en funciones el nuevo gobierno, Manuel Aguilar, uno de los vicecoordinadores, pidió a los denunciantes que esperaran a enero de 2019 para que pudieran revisar su situación legal, aunque dijeron desconocer sobre la disputa legal entre autoridades y ejidatarios.

Estos meses, que para la Cooperativa eran fundamentales, ahora lo ven como una pérdida de tiempo, pues ninguno de estos esfuerzos dio el resultado esperado: “Siguen en su misma postura, nuestros problemas le valen. Todo esto representa gastos, pero también cansa mucho, siempre buscamos cómo movernos para tener contacto con ellos, y ahora que el gobierno diga que desconoce la situación, resulta no sólo desconcertante sino reitera su desinterés por escuchar a las comunidades indígenas”.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador todo el proyecto marchaba bien, tanto que, para finales de noviembre de 2018, puso en marcha la Consulta Ciudadana para plantear los ejes principales del gobierno entrante, entre ellos la construcción del Tren Maya.

Link video – https://youtu.be/d2d9yxYCST8

La segunda “Consulta Ciudadana” tuvo una participación de 946,081 votos, de los cuales, el Tren Maya tuvo una aprobación de 89.87 % a nivel nacional y de 92.26 % a nivel estatal, sólo que esta consulta no representa ningún beneficio para los ejidatarios: “No participamos de algo que ni conocemos ni sabemos cómo operará”. Por lo complicado de los traslados a donde fueron instaladas las casillas, la mayoría de los ejidatarios ni siquiera pudo participar.

El 16 de diciembre en Palenque, Chiapas, el Presidente realizó un ritual para “pedir permiso” a la Madre Tierra de construir el Tren Maya. Durante su discurso pidió a los empresarios que se sumaran al proyecto.

Juan Manuel González Medina, comisariado de Chacchoben, cuestionó que durante la ceremonia asistieran puros líderes mayas, pero que no se acercaran con la gente que realmente padece los problemas del campo en la región: “Todo ser humano o campesino que desee utilizar a la Madre Tierra debe rendir la ceremonia, sin embargo, fue con pura gente de cuello blanco y líderes mayas y no llevó a la gente que está relacionada con los problemas que pasamos los ejidatarios”.

El ritual se realizó simultáneamente en cuatro lugares paralelos, entre ellos Tulum, donde asistieron el diputado federal Luis Alegre y Arturo Abreu. Al término de la ceremonia, los abogados se acercaron con el legislador para plantearle su problemática sobre la indemnización, y acordaron que se realizaría una junta entre diciembre y enero, pero tampoco se concretó.

Un día después de la ceremonia, durante la conferencia matutina, el presidente aseguró que de los siete tramos carreteros, en la ruta Palenque-Cancún (tramo Golfo) ya se tenía totalmente despejado el derecho de vía, lo que representa 950 kilómetros, de los cuales 750 son del antiguo tren del sureste, el cual ya era una vía pública. Sin embargo, sobre el Tramo Caribe, mismo que está en disputa legal no emitió comentario, ni especificó sobre la situación legal o de inversión para esta zona.

Link video – https://youtu.be/BvCPzvBadqU

De acuerdo con las versiones y los documentos que se obtuvieron para la elaboración de este trabajo, hasta el momento el mensaje de los representantes del presidente es igual de incierto que en años y gobiernos pasados.

Resulta al menos extraño que a un año de que inicien los trabajos, los ejidatarios no tengan la certeza de cuál será la ruta por donde se construirán las vías del Tren Maya y, peor aún, que las autoridades no reconozcan el grave problema que representa para ese proyecto las deudas históricas con los propietarios de al menos once ejidos del Tramo Caribe.

Realización e investigación: Isabel Mateos y Lucía Viridiana Vergara

Edición: Darío Ramírez

Image information

Suscríbete a nuestro boletín

Para recibir noticias, alertas y actualizaciones

WikiTribune Abrir Menú Cerrar Buscar Me gusta Regresar Siguiente Abrir Menú Cerrar Menú Play video RSS Feed Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir Reddit Síguenos en Instagram Síguenos en YouTube Conéctate con nosotros en LinkedIn Connect with us on Discord Envíanos un correo electrónico