Los mexicanos en Bahamas Leaks


A la manera de Panama Papers, un grupo internacional de periodistas revela ahora los nombres de las empresas abiertas en el paraíso fiscal de las Bahamas. En ese listado de 1.3 millones de archivos aparecen cientos de personas ligadas a México. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad participa en el Consorcio periodístico que tuvo acceso a esa base datos.

Al menos 432 mexicanos, o personas con inversiones en nuestro país, aparecen con empresas asentadas en uno de los paraísos fiscales más conocido del mundo: Bahamas.

Por paraíso fiscal entendemos a los territorios en los que sus sistemas fiscales (1) no cobran o cobran muy pocos impuestos al ingreso, (2) favorecen a los contribuyentes extranjeros (3) por contar con un gran número de exenciones y con una importante protección al secreto financiero y fiscal. Es decir, suelen ser territorios donde la autoridad fiscal local no pregunta el origen del dinero y tampoco ofrece mucha información respecto al origen y destino de las inversiones y de sus inversionistas.

Entre ellos, hay nombres de accionistas que cotizan en bolsa así como ex servidores públicos y funcionarios en activo de distintos niveles jerárquicos.

Los nombres de los mexicanos surgieron de una investigación periodística internacional llamada Bahamas Leaks, a través de la cual se logró identificar 175 mil 888 firmas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personajes de todo el mundo en ese país del Caribe.

Los datos, contenidos en 1.3 millones de archivos, fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que compartió su hallazgo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus socios, como ocurrió en abril pasado con la revelación conocida como Panama Papers. En el caso mexicano, en esta ocasión los socios del ICIJ son periodistas que trabajan para Aristegui Noticias, la revista Proceso, así como en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

 

Las empresas expuestas en Bahamas Leaks fueron registradas a lo largo de 26 años, entre 1990 y los primeros meses del 2016. El director del ICIJ, Gerard Ryle ha dicho que este tipo de investigaciones son un servicio público. “Hay mucha evidencia para sugerir que si alguien tiene secretos en el mundo de las empresas offshore, también tiene el potencial para hacer el mal. Así que vamos a eliminar ese secreto”, comentó.

La Mancomunidad de Bahamas ha sido considerada como un paraíso fiscal debido a las condiciones que ha otorgado a los inversionistas extranjeros. Entre ellas, destaca el hecho de que no pagan impuestos por cualquier tipo de ingresos personales, herencias, donaciones u otras adquisiciones de capital. Además, se garantiza la confidencialidad de quienes llevan allí su dinero.

La estabilidad política también es un fuerte atractivo de esa nación, ya que su democracia parlamentaria como miembro del Commonwealth, lleva instaurada casi tres siglos y el dólar de Bahamas posee el mismo valor que la divisa estadounidense.

La mayoría de los inversionistas han operado ahí mediante “compañías internacionales de negocios” (IBC, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la legislación de Bahamas, las IBC no tienen que pagar impuestos por sus ingresos provenientes del extranjero y tampoco están obligadas a presentar informes anuales corporativos, con lo cual se protege la identidad de los accionistas.

La creación de una IBC simplemente requiere de un director y de un accionista. Los nombres del resto de los propietarios y, sobre todo de posibles beneficiarios, no son plasmados en el registro público de la propiedad. En Bahamas operan 396 bancos de todo el mundo. La legislación vigente ahí obliga a mantener la confidencialidad en todo aspecto.

El hecho de contar con este tipo de compañías en Bahamas no necesariamente implica cometer algún delito, como la evasión de impuestos, operación con recursos de procedencia ilícita y otros. De acuerdo con el marco legal mexicano, una operación financiera en ese país no tendría inconveniente siempre y cuando los inversionistas hayan reportado esas transferencias o ingresos ante las autoridades hacendarias de México.

Tras la anterior investigación periodística llamada Panama Papers publicada el pasado 3 de abril –también coordinada por el ICIJ-, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) –el organismo mexicano encargado de recaudar impuestos- inició revisiones y auditorías a los personajes que ahí fueron mencionados.

Apenas dos meses después, el mismo SAT informó que hicieron 67 auditorías a las personas y a las empresas mexicanas incluidas en el caso Panama Papers, a través de las cuales recuperaron 438 millones de pesos, y aún se encontraban en proceso de cobrar 187 millones de pesos más.

El SAT no reveló la identidad de esas personas. Sin embargo, puntualizó que uno de los investigados solicitó pagar “en parcialidades” 104.7 millones de pesos, más el 18% anual y recargos.

En la nueva investigación periodística, Bahamas Leaks, los socios mexicanos del Consorcio han identificado a personajes como el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, quien también fue secretario de Energía y de Economía en el Gobierno del exPresidente Vicente Fox. Su empresa se registró con el nombre Yukali Subsidiary Corp, y fue puesta en marcha apenas en septiembre del año 2015.

En Bahamas también abrió una empresa Niurka Saliva Benítez, con el nombre Limesprings Enterprises Ltd en el año 2014. Ella es la esposa del exalcalde de Cancún y otra candidato a Gobernador del PRD, Greg Sánchez, quien fue encarcelado en el año 2011 acusado de lavado de dinero, entre otros delitos. En Argentina, también fue señalado como presunto evasor fiscal. Sin embargo, logró quedar en libertad tras pelear en tribunales su causa. Recientemente, intentó ser electo como alcalde de la misma capital de Quintana Roo pero perdió.

Otro de los personajes vinculados con la política encontrados en Bahamas Leaks fue el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien junto con socios, los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda crearon la empresa Majo don´t B Laight Ltd en octubre del 2014. Consultados al respecto, los miembros del despacho Zinser-Esponda y Gómez Mont, reconocieron la existencia de la compañía “como aparece en los registros públicos consultables” y comentaron lo siguiente: “La sociedad no se constituyó para efectos económicos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna”.

Los reporteros también han localizado a funcionarios vinculados a PEMEX. Se trata de un grupo de servidores públicos de alto rango así como de nivel medio.

En dos fechas distintas, noviembre del 2008 y agosto del 2010, se creó en Bahamas la empresa Pasco International Limted. Como director apuntaron el nombre de Sergio Villarreal Rodríguez quien hasta diciembre del mismo año se desempeñó como gerente de Comercialización de Petroquímicos Básicos.

Los otros dueños de esa firma han sido Ana Margarita Pérez Miranda, quien actualmente ocupa el puesto de directora Comercial de Productos de P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V, de acuerdo con su perfil actualizado en la red social Linkedin.

El presidente fundador de esa firma fue Agustín Castro Pérez, quien fungió hasta el 2013 como director corporativo de Administración en Pemex y hoy, paradójicamente, trabaja en el SAT como administrador en la división de Hidrocarburos.

Bajo el nombre de esa compañía aparece otra funcionaria de Pemex, Mónica Catalina Ruvalcaba Gallardo, una subdirectora de Contabilidad, y Blanca Estela Coeto Mateo, otra subdirectora pero de Productos y Combustibles Internacionales.

Pasco International Limited ha sido reconocida por PEMEX como una de sus subsidiarias, de acuerdo con su informe del 2015, con el 100 por ciento de participación. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública 2012-2013 analizó sus inversiones por 143 millones de pesos en Bahamas. Esto contrasta con datos de Pemex Gas que la reporta como “inactiva”.

En los datos extraídos para Bahamas Leaks, consta que Pemex refrendó que Pasco International Limited sí le pertenece, pero con un capital de apenas 16 mil 600 dólares. El documento data de abril del 2013. Actualmente, este tipo de subsidiarias están bajo auditoria del SAT, de acuerdo con información corroborada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se buscó una postura de la paraestatal, pero no fue posible obtenerla.

Por otro lado, Ignacio Quesada Morales, quien fue director corporativo de Finanzas en Pemex y antes jefe de asesores en Sedesol y Hacienda cuando estuvo al frente el ahora Senador panista, Ernesto Cordero, es dueño de la empresa Mavi International Corp creada en agosto del 2015.

Al respecto, Ignacio Quesada dijo que no tiene nada que ocultar, que se trata de los ahorros de toda su vida para preservar su patrimonio. En la entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad mencionó que aún no ha reportado la apertura de ese instrumento financiero al SAT, toda vez que su empresa Mavi International fue creada el año pasado. “En el momento que corresponda lo haré” comentó.

Otro exfuncionario de Pemex, Carlos de la Garza Mijares, quien fue miembro del consejo Directivo del Banco de Oriente, es el director de la compañía Lion Asset Management, abierta en Bahamas en mayo del 2015.

 

La paraestatal mexicana Pemex fue consultada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad respecto a la situación de la corporación que se encuentra asentada en Bahamas Leaks e hizo las siguientes precisiones:

Confirmó que Pemex cuenta con una empresa en Bahamas, de la cual se había dado cuenta en los informes de acciones de la paraestatal.

Pasco International Limited dejó de operar el último trimestre de 2015, después de que el consejo de Administración autorizó su liquidación como parte del Plan de Trabajo de la Reingeniería Corporativa de las Empresas Filiales.

La compañía se creó en Bahamas el 6 de junio de 1967 y se le entregó a Pemex Gas y Petroquímica Básica como parte de un pago que se efectuó en 1994.

Pasco International Limited es la tenedora de dos compañías:

a) Pan American Sulphur Company Limited, empresa Inglesa constituida en 1963 dedicada a prestar servicios de guarda y manejo de ácido sulfúrico en el Reino Unido. El proceso de liquidación de ésta empresa concluyó en marzo de 2014.

b) Pasco Terminals, Inc., empresa Estadounidense constituida en 1963 dedicada al almacenamiento y manejo de azufre líquido en Florida, E.U.A. En octubre de 2015, esta empresa fue integrada al Grupo Mex Gas debido a una reorganización corporativa.

 

Los movimientos reportados por la ASF, estos se refieren a los realizados por Pasco Terminals, y no se tienen observaciones pendientes de solventar.

Además, Pemex aseguró a través de Erika Contreras, gerente de comunicación de la paraestatal que la participación de los funcionarios en la conformación de las empresas era como parte de sus actividades en el cargo que desempeñaban.

 

Entre los empresarios surgidos en la base de datos integrada por los medios mexicanos está Gastón Azcárraga, quien fue uno de los dueños de la desparecida Mexicana de Aviación así como de Grupo Posadas que aglutina a más de 100 hoteles. Sus marcas más conocidas han sido Fiesta Americana, Fiesta Inn y One.

Gastón Azcárraga fue buscado por la Interpol a petición del Gobierno mexicano en el 2014 acusado de un presunto lavado de dinero. Un tribunal colegiado desechó ese cargo apenas en julio pasado. Su empresa en Bahamas fue bautizada como Sunwild Limited nacida en septiembre de 1994 y estuvo vigente hasta noviembre del 2011.

Vinculados al mismo grupo Posadas también aparecieron en Bahamas Leaks nueve personas más como Carlos Azcárraga Andrade, Manuel Borja Chico y Jorge Carvallo Couttolenec.

Olegario Vázquez Raña, su hijo Olegario Vázquez Aldir y su esposa, María de los Ángeles Aldir, quienes conforman uno de los grupos empresariales que más han expandido sus negocios durante los últimos dos sexenios así como en el actual Gobierno Federal, han contado con cuatro compañías en Bahamas.

Los nombres de esas firmas son Radal Global, Mundella Global, Albino Hall Holdings Ltd y Marshalls Creek.

Esta familia encabeza un corporativo empresarial que abarca 40 hoteles, 18 hospitales, 53 sucursales de servicios financieros (banco, casa de bolsa y aseguradora), un consorcio de medios de comunicación (prensa, radio y TV) y un equipo de futbol profesional: Los Gallos Blancos del Querétaro.

Además, posee una de las constructoras más importantes del país, que ha edificado cárceles, hospitales públicos, cuarteles para la Policía Federal, carreteras y vías férreas.

Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex) es el nombre de su constructora, que entre 2013 y 2016 recibió contratos de obra pública con fondos federales por 4 mil 533 millones de pesos, de acuerdo con una recopilación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

A este monto se añade la asignación por 7 mil 359 millones de pesos para la construcción de la pista 3 del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que el pasado 1 de septiembre de 2016 recibió Prodemex en conjunto con Operadora Cicsa (de Carlos Slim), GIA+A (de Jerónimo Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas) y La Peninsular Compañía Constructora (de Carlos Hank).

Sus empresas en Bahamas fueron registradas entre noviembre del 2012- poco antes de que Peña Nieto ocupara Los Pinos- y los primeros dos meses de febrero del 2015.

Otros empresarios surgidos en esta investigación están vinculados al Grupo Bachoco dedicado principalmente a la producción de huevo y carne. La empresa Veneranda Corp está a nombre de quienes ahí mismo se identificaron como accionistas de esa compañía: Juan Salvador Robinson Bours y Cristina Guadalupe Robinson Bours.

No hace mucho, en octubre del 2015, Grupo Soriana, una de las cadenas de tiendas de autoservicio más conocidas en el país anunció la compra de 157 sucursales de uno de sus principales competidoras, Comercial Mexicana. Esta operación se reportó en la Bolsa Mexicana de Valores. El accionista mayoritario de la primera ellas, Ricardo Martín Bringas, cuenta con una compañía en Bahamas llamada Two Plus Four Interpraise Ltd, registrada en junio del 2014.

En la última semana de octubre del 2015, la familia González Zabalegui quienes fungen como directores y consejeros de Controladora Comercial Mexicana crearon 8 empresas en Bahamas, con los nombres de Benitourdog Limited, Legon Limited, MLCB Limited, MGZ Limited, One & Five Limited, Panasos Limited, Gonder International Ltd, AGZ Limited.

De acuerdo con información de Forbes, en el pasado mes de enero del 2015 Comercial Mexicana anunció la creación de dos empresas, una de ellas para la venta a Soriana, con los formatos Comercial Mexicana, Mega y Bodega, y la otra, es la nueva firma: La Comer con la que se quedó la compañía con los formatos de City Market, Sumesa y Fresko.

Miembros de la familia, Autrey Maza, algunos de ellos socios Altos Hornos de México -una de las empresas acereras más importantes de México- registraron la firma Firmamentum International Holdings Limited.

En la base de datos conformada por los medios mexicanos, también apareció el nombres de las hermanas Regina y Marina Celorio Calvo. Su compañía se llama CelCa Global Asociation Limited. La primera ellas, ha sido directora de marketing en Kimberly-Clark México y la segunda es la directora general de Diconsa, una instancia de Gobierno la distribuidora de alimentos para la población de escasos recursos públicos. Antes trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores (2013-2016).

Ricardo Pierdant, quien recientemente cobró notoriedad en los medios de comunicación por haber pagado 29 mil 703 dólares del impuesto predial para un departamento en Miami propiedad de la Primera Dama, Angélica Rivera, y que ha hecho negocios tanto en México como en Estados Unidos a través de al menos 15 empresas, tiene dos compañías en Bahamas: Grantley Ventures Ltd. y Crimson Worldwide Ltd. Las firmas fueron registradas el 2 de noviembre del año 2012, apenas un mes antes de que Enrique Peña Nieto tomará posesión como Presidente de México.

Cuando Pierdant pagó el impuesto predial en Miami adeudado por Rivera –el 03 de marzo del 2014-, las empresas de Bahamas ya tenían un año y cuatro meses de haberse creado. La Presidencia de México ha dicho que se trató de un favor y rechazó cualquier conflicto de interés.

Mexicanos contra la Corrupción buscó una entrevista con Pierdant pero éste cortó una llamada telefónica cuando supo el propósito de la misma. El empresario no respondió a posteriores mensajes de Whatsapp enviados a su teléfono celular y tampoco atendió un correo electrónico con preguntas sobre este tema.

Directivos, exdueños o socios de otras compañías importantes en México surgieron en esta investigación. Entre ellos están los siguientes:

– Dionisio Garza Media, accionista en Alfa –involucrada en negocios relacionados con la petroquímica, la industria del metal y telecomunicaciones- cuenta con una firma llamada Leahoy Fundation.

– Marcos Achar Levy, presidente de Comex –el gigante de la venta de pinturas en México- y seis de sus familiares abrieron empresas en esa isla. Algunos nombres de sus compañías son: Frankling Hills, Jacksonmill, Fundation y Brumby Corporation.

– Rafael Colme Carrasco y Javier Arechavaleta Santos, directivos de Vitro –la principal productora de vidrio en México- registraron siete empresas, entre ellas, Glazet Limtied, AGZ Limited y Vitro International y Service Corporation Limited.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pone a disposición de sus lectores y seguidores la lista de los 432 mexicanos o inversionistas en territorio nacional localizados, hasta el momento, entre los 1.3 millones de archivos. En este buscador, agrupado a partir de un archivo Excel creado con fines de divulgación, se incluyen los nombres de sus compañías en Bahamas y el año de fundación. En algunos casos, no ha sido posible identificar su tipo de negocios de las personas que aparecen, en caso de tenerlos. En otros casos, pudieran existir homónimos con personajes conocidos a través de los medios de comunicación o de las redes sociales.

Tocará a las autoridades mexicanas deslindar los casos en que la apertura de estos instrumentos en la Bahamas pudiera constituir motivo de una auditoría, como lo hizo en el caso de Panamá Papers, dado que como en su momento informó el SAT la apertura per se de estas compañías no sería ilegal.

 

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