Penales estatales

Penales estatales: en crisis desde hace una década


Mientras en algunos estados se reserva la información sobre la situación que se vive en sus penales, otros revelan reducción en su presupuesto, a pesar de que el hacinamiento y custodios insuficientes siguen siendo dos constantes causantes de muertes, motines y violación a los derechos humanos de los reos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2018 del INEGI, se reportaron 310 establecimientos penitenciarios estatales registrados al cierre de 2017: 95 por ciento para adultos y 4.6 para adolescentes. Estos establecimientos albergan a 182 mil 091 personas privadas de la libertad y de los más de 40 mil servidores públicos destinados a funciones penitenciarias, casi 28 mil son custodios.

Los estados con mayor número de penales son Estado de México (22), Zacatecas (19) y Veracruz (17). Michoacán, Nayarit y Estado de México, tienen el promedio histórico de sobrepoblación más alto (2010-2016).

Entre lo estados con más reclusos están la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Veracruz.

Homicidio, robo simple y lesiones son los delitos del fuero común más frecuentes en los penales estatales.

Las cárceles peor calificadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son Nayarit, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Zacatecas, Tabasco y Sinaloa. Mientras que Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes y Baja California, son las mejor calificadas. Sin embargo, la calificación promedio que otorgó la comisión a los centros penitenciarios, fue de 6.3.

A partir de los diagnósticos, WikiTribune en Español solicitó información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a los siguientes estados: Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Nuevo León, para conocer las cifras de custodios y reos, así como el presupuesto destinado a estos centros.

Estados con más problemas en penales revelan información

Nayarit y Baja California Sur, dos de las entidades peor evaluadas por la CNDH, revelaron a WikiTribune información que otras cinco decidieron reservar al considerar que ponía en riesgo la seguridad de sus penales.

Nayarit, donde están algunas de las cárceles más peligrosas y con mayor sobrepoblación, reportó una disminución de 38 por ciento en el presupuesto destinado a sus Ceresos, de 2014 a la fecha. Es 2018 el año con el menor gasto ejercido, con 64.4 millones contra 103.6 reportados en 2014.

El coordinador de Reinserción Social en esa entidad, Jesús Jiménez González, informó que también hubo un aumento de custodios y una disminución de reos, entre 2010 y 2018.

De acuerdo con estadísticas proporcionadas, hay 25 por ciento más custodios y 6.2 por ciento menos reos que hace ocho años. Y es que en 2010 había 180 custodios y 240 este año. En el caso de reos pasaron de 2,017 a mil 891.

Sin embargo, la insuficiencia de custodios prevalece. En 2010 había 11 reos por custodio y este año la proporción es de 8 reos por custodio.

Baja California Sur, una de las entidades con mayores problemas en sus cárceles, dio a conocer que entre 2011 y 2018, redujo 16 por ciento el presupuesto destinado a los Centros de Readaptación Social, que pasó de casi 140 millones a 117 este año.

Junto con el presupuesto, disminuyó también el número de custodios en un 14 por ciento entre 2010 y 2017, pues pasó de 378 a 324. Y aunque hay menos reos (mil 805 en 2015 y mil 242 en 2018), la proporción es de cuatro custodios por reo.

Reservan 5 estados información de sus cárceles

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Foto: Gobierno de Nayarit

Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila y Quintana Roo emitieron acuerdos para reservar información sobre sus Centros de Readaptación Social, indicando como principal motivo que revelar estadísticas pondría en riesgo la seguridad de estos centros.

Coahuila decidió reservar la información argumentando que “su revelación ocasionaría daños en la salvaguarda de personas e instituciones”.

Sinaloa argumentó que se pone en riesgo el orden público, al “menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos”. El comité de transparencia de la SSP de esa entidad decidió clasificar esos datos como reservados por “comprometer la seguridad pública”.

Guerrero solicitó una prórroga a la solicitud presentada el pasado 25 de septiembre y al cierre de la edición de este texto no se ha recibido respuesta por parte de la dependencia.

Tamaulipas dijo que los datos eran considerados información sensible y que al ser proporcionados podían servir a la delincuencia organizada, mientras que Quintana Roo se declaró imposibilitado de proporcionar la información requerida, para evitar la inestabilidad de los centros.

Estas dos entidades, a diferencia de las otras tres, sí proporcionaron el gasto ejercido en sus cárceles.

En Tamaulipas aumentó 24 por ciento, al pasar de 84.5 millones en 2013 a 105 millones en 2018. Mientras que en Quintana Roo el incremento fue de 29 por ciento entre 2014 y 2018, pasando de 37.3 millones a 54.4 este año.

Ceresos a tope: Victoria, Tamaulipas el peor evaluado

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De acuerdo con el informe especial de la CNHD sobre los centros de reclusión de baja capacidad, más de 40 por ciento están en riesgo crítico debido a la sobrepoblación que en casos como el de Jilotepec en el Estado de México, llega a 273 por ciento. En ese centro hay 235 internos más, que el número de camas con las que cuenta.

Los de Tenancigo, Zumpango, Ixtlahuaca, El Oro y Lerma en esa misma entidad, también se encuentran completamente superados.

Hidalgo es otro de los estados con más hacinamiento en Apan, Ixmiquilpan y Jacala, seguido de Guerrero con Ometepec y Tecpan de Galeana. De 20 a 30 por ciento de los centros están en riesgo alto y solo de 1 a 19 por ciento con riesgo moderado.

En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, la comisión detalla que el Centro de Ciudad Victoria en Tamaulipas, es el de la calificación más baja, seguido de Iguala y Acapulco en Guerrero, el Venustiano Carranza en Nayarit y el de Taxco de Alarcón, también en Guerrero.

Dicho diagnóstico contempla: garantías para seguridad física y moral del interno, estancia digna, gobernabilidad, reinserción social y apoyo para internos con requerimientos especiales.

En el de Victoria las condiciones de gobernabilidad son las peor evaluadas con calificación de 2.18 y es que además de la falta de custodios en el centro, para traslados y cubrir incapacidades, carece de procedimientos en caso de motín, uso de la fuerza y traslados. Los custodios tampoco se encuentran bien equipados (uniforme y accesorios).

Dadas las condiciones en este centro, localizado en uno de los estados más inseguros de México, existe autogobierno y se desarrollan actividades ilícitas.

Cabe señalar que en 11 años la calificación nacional de los centros estatales, apenas se ha movido 0.38 décimas, alcanzando su máximo valor en 2010 con 6.59 por ciento y el más bajo en 2006 con 5.92.

“Estamos lejos de tener la mitad de los custodios que necesitamos”

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Foto: Gobierno de Nuevo León

Nuevo León es uno de los diez estados con los centros más problemáticos, entre los que destacan el de Topo Chico, Cadereyta y Apodaca. Derechos Humanos no observa condiciones de gobernabilidad, estancia digna ni garantía a la integridad personal de sus internos.

Desde 2005 estos tres centros cuentan con calificaciones reprobatorias. Debido a ello, hace cuatro días el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, anunció el cierre de Topo Chico en 2020, debido a la ampliación de los otros dos centros que contempla una inversión de 2 mil millones de pesos para la construcción de 350 celdas en cada uno.

De los tres, es Cadereyta el peor evaluado, con 4.88, misma calificación del ubicado en Reynosa, Tamaulipas.

El segundo visitador de la CEDH de Nuevo León, Víctor Hugo Palacios, indicó que sus visitas a centros penitenciarios se han vuelto más frecuentes, debido a las denuncias de familiares de los reos, por diversas violaciones a sus derechos.

Palacios advirtió que a pesar de que se esfuerzan por ganar la confianza de los internos, en la mayoría de los casos resulta difícil obtener confesiones sobre lo que ahí ocurre, ya que su seguridad no está garantizada.

“Tenemos sobrepoblación en los centros penitenciarios que puede ser otro factor que impide la denuncia”, refirió.

El segundo visitador de la CEDH advirtió que el tema penitenciario es complejo, ya que los reos se ven impedidos de realizar denuncias por miedo a perder la vida.

“Hemos ido hasta el interior de los centros penitenciarios por petición de los familiares y estando ahí (los internos) nos niegan los hechos. Entendemos la situación, hay un control total de los centros”, expuso.

Y es que la CEDH emitió un informe de Topo Chico en el que demostró que no existen condiciones que garanticen la seguridad de los internos, lo que impide el libre ejercicio de sus derechos.

“Tenemos que sopesar esta parte, no podemos obligar a que denuncien, porque nuestra obligación principal es preservar sus derechos humanos”, refirió.

Palacios dijo que han emitido medidas preventivas a los centros penitenciarios, al detectar riesgos latentes de seguridad.

“La falta de custodios es enorme, estamos muy lejos de tener ni siquiera la mitad de los que necesitamos”, puntualizó.

Los estados que mejor cuidan a sus reos

Guanajuato y Querétaro tienen la calificación más alta otorgada por la CNDH en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. El Cereso de San Miguel de Allende es el mejor posicionado, seguido del Centro Penitenciario Femenil de Saltilo, Coahuila, el Cereso de León Guanajuato, El Hongo II de Baja California y el femenil de San José el Alto en Querétaro.

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