El sexenio de la tortura

El sexenio de la tortura: agentes de investigación, los más denunciados

  1. Esta práctica puede durar desde unas horas hasta varios días y tiene el fin de que la víctima firme una confesión

Una sola corporación, brazo operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, ostenta el récord de ser la autoridad con mayor número de señalamientos por tortura en el sexenio que está a punto de concluir: la Agencia Estatal de Investigaciones.

Y es que entre 2012 y 2017 acumuló 92 señalamientos, de un total de 137, es decir, 67 por ciento de las emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).

De acuerdo con los informes de la comisión, 2013 es el año con mayor número de recomendaciones por este delito con 44 expedientes, mientras que en 2017 se registraron ocho.

Cabe mencionar que dichas cifras se dispararon a la par de la violencia en Nuevo León en 2011 con la disputa entre cárteles por el control de la plaza, durante el gobierno de Rodrigo Medina.

La disminución de casos se da en 2016, al inicio de la gubernatura de Jaime Rodríguez, cuando la presidencia de la comisión -antes dirigida por Minerva Martínez- pasó a manos de Sofía Velasco.

Víctor Hugo Palacios, segundo visitador de la CEDH, señaló que el menor número de denuncias puede deberse a varios factores entre ellos corrupción, impunidad, temor y desconfianza en las autoridades por parte de las víctimas.

La tortura que nunca termina

El sexenio de la tortura

«Una camioneta tipo granadera me cerró el paso, descendieron hombres encapuchados portando chalecos antibalas, con armas largas y cortas, no usaban uniforme. Por miedo a que me dispararan bajé, entonces comenzaron a patearme, insultarme, colocaron esposas y me llevaron a bordo de su vehículo, ahí me cubrieron la cabeza con mi playera…»

Así es como inician la mayoría de las confesiones de personas detenidas víctimas de tortura en Nuevo León y luego de soportar largas horas de sufrimientos físicos y psicológicos, casi todos los casos concluyen con una firma que los condena a prisión, por delitos que no fueron probados.

Además de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en Nuevo León infligen tortura Fuerza Civil, la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) y policías municipales.

Los sitios más comunes de la tortura son predios baldíos, cerros, en las agencias del ministerio público, a bordo de las patrullas, en una bodega ubicada a un lado del edificio de la AEI, así como en el estacionamiento, sótano y diversas áreas de esa agencia. Incluso ocurren en el Centro de Orientación y Denuncia.

El sexenio de la tortura

Para torturar utilizan desde bolsas de plástico con las que causan asfixia, hasta armas para dar descargas eléctricas, así como cuerdas, solventes para causar quemaduras, bat de baseball, todo combinado con golpizas propinadas entre varias personas, que marcan de por vida a las víctimas cuando termina con la pérdida de algún sentido, quemaduras o cicatrices difíciles de borrar.

Esta práctica puede durar desde unas horas hasta varios días, en que la víctima pierde la noción del tiempo, hasta aparecer en alguna oficina del ministerio público y, en muy pocos casos –que constan en los expedientes de la CEDH– son liberadas.

Además de la tortura física, para firmar confesiones, las víctimas son amenazadas con la seguridad de sus familiares, de negarse a confirmar los delitos que les imputan.

En el mismo periodo la comisión determinó tratos crueles, inhumanos y degradantes en 283 personas, así como nueve casos de desaparición forzada.

Así esclarece los delitos la AEI

El sexenio de la tortura

Faltaban cinco minutos para las 7 de la noche cuando dos vehículos cortaron el paso de la víctima, un hombre sin uniforme con arma larga en mano descendió de la camioneta y le ordenó que se bajara, enseguida se le unieron dos sujetos con chalecos antibalas y a empujones lo llevaron hasta su unidad, sin explicarle la razón.

Una vez arriba la víctima observó a un hombre con las letras de la Agencia Estatal de Investigaciones que hablaba por radio y luego solo obscuridad, pues le cubrieron el rostro.

Preguntó de qué se le acusaba, los agentes se molestaron y lo golpearon en el abdomen. El vehículo emprendió su marcha y tras alrededor de 40 minutos llegó a una bodega vecina del edificio de la AEI.

«Si queremos aquí te podemos desaparecer, nadie va a saber en dónde estás», fue lo primero que escuchó al entrar al lugar y se llenó de miedo. Colocaron una venda en sus ojos, los esposaron por detrás de la espalda, lo patearon en las piernas hasta ponerlo de rodillas, reemplazaron las esposas por un pedazo de tela alrededor de sus manos y le quitaron toda la ropa.

El sexenio de la tortura

Una vez desnudo lo acostaron boca arriba, inmovilizaron sus pies y le pusieron una bolsa para asfixiarlo. Golpes, más patadas y amenazas fue lo que recibió. «Ahorita vas a ver» dijo uno de los agentes y le mostró un video, «a mí me vale madre, vas a decir que eres tú, sino vamos a matar a tu esposa…te la vamos a mandar en pedacitos».

La tortura continuó. Esta vez intentaron ahogarlo, al tiempo que insistían en un crimen «di que mataste a la muchacha». Le dieron puñetazos en el rostro y reiteraron la amenaza «vas a decir y me vas a firmar, sino te matamos».

Luego lo vistieron y aventaron comida al suelo para que se alimentara. Diez horas después la víctima fue trasladada a una oficina de la AEI en donde lo hicieron firmar unos papeles, advirtiéndole que de no hacerlo sería golpeado nuevamente.

Permaneció dos días en la Casa de Arraigo Número Uno, sin derecho a llamar a su abogado o familia. Al término del plazo una funcionaria de la agencia del ministerio público, le mostró papeles una vez más, «fírmalos, ¿no te basta con todos los golpes que te pusieron? ¿o quieres más?» y la firma fue estampada. El testimonio consta en el expediente CEDH-124/2015.

Crea Fiscalía oficina de derechos humanos

El segundo visitador de la comisión indicó que a partir de la creación de esta oficina en la Fiscalía que ocurrió a principios de 2018, han logrado acercarse a los agentes de investigación para ofrecerles capacitación en el tema y prevenir la tortura.

«Hay apertura de la agencia, tan es así que la investigación sobre casos de tortura la hacen de forma puntual, retoman la práctica de recabar el testimonio de la víctima y aplican el Protocolo de Estambul, ahí diferimos porque la autoridad que se señala como torturadora no puede hacerlo y es ahí cuando entramos para emitir esta prueba», explicó.

Palacios dijo que a pesar de que todas sus recomendaciones han sido aceptadas, desconoce el número de funcionarios que han sido sancionados por esta violación a los derechos humanos, considerada como grave, motivo por el que el delito no prescribe para aplicar sanciones de tipo administrativo.

Otra de las estrategias que tomó la CEDH para prevenir la tortura es hacer públicos los casos, convocando a los medios de comunicación cada que emiten una recomendación por esta práctica.

Además, la forma en que se inda la tortura es más ágil, «desde que tenemos noticia de posibles actos de tortura, se da vista al ministerio público para que aperture una investigación administrativa, esto se comprueba a través del departamento de seguimiento y conclusión de recomendaciones».

Protocolo de Estambul

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Es una herramienta adoptada por las Naciones Unidas que permite identificar tortura y se integra por los dictámenes médico y psicológico.

De acuerdo con los informes de la CEDH, entre 2012 y 2017 se aplicaron Protocolos de Estambul físicos a 151 personas, 77 por ciento varones.

La comisión estatal cuenta con cinco psicólogos y dos médicos generales, capacitados para su aplicación.

Una vez que se determina tortura o tratos cueles, inhumanos y degradantes cometidos por autoridades, la comisión brinda apoyo y contención a los afectados, canalizándolos al Centro de Atención a Víctimas.

Y es que las víctimas de tortura suelen presentar cuadros de estrés postraumático, así como sentimientos de tristeza, miedo y ansiedad.

«Su perfil es de personas deprimidas, ausentes, desconfían de todas las autoridades, no se quieren abrir, batallamos mucho para lograr empatía, hemos tenido que dar hasta tres vueltas a los centros penitenciario o donde estén», detalló el segundo visitador.

Comentó que las víctimas de tortura en Nuevo León tienen características diferentes, existen desde quienes cuenta con presuntos vínculos con organizaciones criminales, hasta los que carecen de antecedentes penales, “hemos tenido personas que han sido torturadas de manera injusta, que los detuvieron en la calle porque les cayeron mal”.

El sexenio de la tortura

El sexenio de la tortura

Lucía Chávez, investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos, señaló que a partir de 2013 observaron un incremento en la tortura a nivel nacional, por la presencia de militares haciendo labores de policías.

Las denuncias pasaron de cuatro en 2006 a más de 3 mil 500 en 2016 y en los estados contabilizaron más de 15 mil casos, Chávez advierte que los datos se quedan cortos contra los casos reales que puede haber.

«Existe un subregistro amplio de casos de tortura que se suma a la impunidad de una investigación eficaz y las sentencias condenatorias son prácticamente nulas», refirió.

Y es que del total de denuncias, solo se han dictado 24 sentencias, lo que significa que menos del uno por ciento de las víctimas han logrado acceder a la justicia.

La experta indicó que los estados deben crear fiscalías especializadas para que se investigue este delito, que cuenten con personal y presupuesto suficiente, así como invertir en prevención.

Recomendó prácticas como supervisar detenciones, georreferenciación de las patrullas en tiempo real, cámaras al interior, así como tomar video durante la puesta a disposición.

Además de Nuevo León, Chávez dijo que entidades como Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas y Tabasco, registran los más elevados índices de tortura. Sin embargo, existen otros como Guerrero y Jalisco que reportan un número bajo, que no corresponde a sus niveles de violencia, por lo que hablar de punteros en tortura resulta engañoso.

Cabe recordar que en 2014 Juan Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas, visitó Ciudad de México, Chiapas, Baja California y Nuevo León, concluyó que la tortura y los malos tratos eran generalizados en el país.

En 2016 el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de la ONU estuvo en México y reiteró la conclusión de Méndez.

La presión del organismo internacional hizo que el gobierno mexicano creara la Unidad Especial en Investigación del Delito de Tortura, en octubre de 2015. Dicha instancia se haría cargo de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones en torno a este delito.

Para 2017 se expidió la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, que prohíbe esta práctica en México. De igual forma contempla crear un registro nacional de casos, así como estrategias de prevención. Determina que el delito de tortura se investigue y persiga de oficio.

Y en enero de este año nació la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura, que se encargará de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General.

Entidades como Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Tabasco cuentan con una fiscalía especializada, no así Nuevo León, en donde la investigación de los casos se lleva a cabo a través del Ministerio Público encargado de asuntos de servidores públicos.

«No se que vaya a pasar, mi expectativa es que estas víctimas entren al paquete de reparación integral de daños y garantías de no repetición que anunció el nuevo gobierno, cuyo primer paso debe ser reconocer la situación de violencia», expuso.

 

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