Las redes sociales y la democracia en México


Las redes sociales en México representan una de las principales fuentes de información para los usuarios de las tecnologías digitales, un universo que, de acuerdo con fuentes oficiales, se encuentra cercano a los 80 millones de navegantes.

Durante el pasado proceso electoral, hubo un promedio de 25 millones de interacciones durante los 3 meses que duraron las campañas. Si bien una gran parte de la población estuvo comentando e interactuando entre sí y con los candidatos, también es cierto que hubo varios factores que entorpecieron la discusión digital.

Así, aparecieron fenómenos como la creación de tendencias digitales de manera ficticia, cientos de noticias falsas, ejércitos de bots y troles atacando a ciudadanos y líderes de opinión, ya fuera porque defendían a algún candidato o porque lo denostaban, o influencers que jamás hablaban de temas políticos y manifestaban abiertamente su apoyo a algún candidato o explicaban claramente en qué consistían sus propuestas.

Lo cierto es que durante el pasado periodo electoral, la principal fuente de información sobre los candidatos presidenciales fue, al mismo tiempo, una zona de guerra digital entre diferentes grupos que evitó una verdadera discusión y el ejercicio de la discusión democrática en torno de los candidatos presidenciales.

Gastos digitales en la campaña presidencial

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En buena medida, ello se debió a que la normativa electoral vigente en México no contempla en absoluto ninguna práctica de comunicación política digital. Es decir, ninguna de posicionamiento digital o bien de prácticas desleales o campañas de desinformación están presentes en ninguna de las leyes que rigen los procesos electorales en México.

En ese sentido, si bien existe un programa de fiscalización para las campañas políticas, los gastos reportados sólo representan las acciones que de alguna manera son legales o evidentes (como las páginas web o la inversión en publicidad digital oficial), dejando fuera prácticas como la creación de noticias falsas, la colocación de trend topics, tendencias y memes, así como la creación de cuentas “artesanales” que apoyaban a o atacaban a un candidato, sin contar con la innumerable cantidad de cuentas automatizadas o bots que inundaban los espacios digitales.

La problemática va más allá de un asunto de ética o de omisiones legislativas, puesto que dichas prácticas no sólo interfieren en el proceso electoral, sino que atentan directamente contra la cultura democrática al evitar que la ciudadanía pueda acceder a información fidedigna que le permita elegir libremente al candidato que mejor le convenga. Además, genera una serie de suspicacias al no transparentar los recursos que son utilizados en dichas campañas, ya que, si se trata de dinero público, entonces este debe ser transparente a través de las plataformas debidas. Y si se trata de recursos privados, entonces los actores políticos incurrieron en delitos electorales.

Existen varias causales de la problemática. Por una parte, que las autoridades electorales no han reparado en las nuevas formas de la comunicación política, asentada sobre todo en plataformas digitales y mucho menos han creado los marcos legales pertinentes que permitan trazar los límites de acción de los actores políticos.

Por otra parte, la poca disposición de las plataformas digitales para ayudar a las autoridades en la efectiva fiscalización del actuar digital de candidatos y partidos. En ese sentido, las empresas han manifestado que a ellos no les corresponde determinar lo que es correcto o no en el mundo digital, sin embargo, la estructura de sus plataformas les permite ganar grandes cantidades de dinero público.

Mientras no exista un conocimiento efectivo de las prácticas de la comunicación política digital y disposición de las plataformas para crear un sistema efectivo de verificación de los recursos públicos invertidos en ellos, las redes sociales serán al mismo tiempo un espacio para discutir y ser confundido.

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