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Supuestos fraudes y malos manejos dejan más de 600 mil viviendas abandonadas en México


Por Iskar Waluyo

Aproximadamente 20 millones de personas adquirieron un crédito por la promesa de una mejor vivienda que se construyeron principalmente en pastizales, granjas y antiguas haciendas entre el 2001 y el 2012. El gobierno se asoció con desarrolladoras privadas e inversionistas internacionales de Wall Street, el Banco Mundial y algunas fundaciones para invertir en un de los proyectos de construcción de vivienda más grandes en la historia de América Latina. Sin embargo, no parece haber resuelto el problema de la alta demanda vivienda. De hecho, un alto porcentaje de los desarrollos se encuentran actualmente abandonados.

El Censo de Población 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó cerca de cinco millones de viviendas abandonadas a nivel nacional. En consecuencia, el Infonavit inició una investigación a fondo que ha identificado al menos 650 mil viviendas abandonadas financiadas por el Instituto que han pasado a manos de despachos de cobranza, el Infonavit buscará una nueva estrategia de recuperación de vivienda abandonada. Carlos Martínez, actual director del Infonavit, informó que la Institución se encuentra en un proceso de diagnosticar la situación actual para poder presentar una nueva Política de Recuperación de Vivienda, precisó el director. Según el funcionario, el abandono de las viviendas se debe que se construyeron en zonas sin una infraestructura urbana adecuada, en territorios no aptos para construir y en ausencia de servicios públicos como transporte y centros de trabajo. Manifestó que una gran parte de dicha vivienda tendrá que ser demolida ya que aunque se rescatará, no tendría éxito. Muchos de los desarrollos además de estar lejos de centros de trabajo también presentan casos de violencia.

Algunos estudios académicos confirman lo anterior al demostrar que en sexenios anteriores se ofrecieron terrenos para vivienda social con la participación de por lo menos cinco constructoras que actualmente está abandonada, invadida o construida sobre terrenos de riesgo. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonel Carranco, reveló en entrevista con Notimex que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), las políticas impulsaron la construcción en grandes extensiones territoriales que hoy son prácticamente inhabitables por los mismo motivos que mencionó Carlos Martínez; terrenos inapropiados, falta de infraestructura de conexión de vialidades, desarrollo urbano y seguridad. Leonel Carranco en su entrevista menciona que:

En la última parte del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y lo que viene de Calderón, su política de desarrollo era crear nuevos polos de urbanización. Grandes ciudades que permitieran el acceso a los centros de trabajo, incluso se tenía la idea de comenzar a desarrollar clústeres de empresas que estuvieran en esos lugares en donde se desarrollarían nuevas casas.

El problema es que no se llevaron a cabo, y al final lo que hicieron las desarrolladoras de vivienda fue la búsqueda del aumento del precio de sus acciones y su nivel de cartera que les llevó a un aumento de su capital.

Algunas de las empresas que estuvieron involucradas en los desarrollos actualmente se encuentran en quiebra o han sido re-estructuradas profundamente, como lo reveló un reportaje de 5 capítulos de Los Angeles Times.

Homex es una de las desarrolladoras más importantes del país y se formó en 1989 en Culiacán Sinaloa y cotiza tanto en Bolsa Mexicana de Valores (HOMEX) como en el New York Stock Exchange (HMX). La empresa ha sido reconocida como Empresa Socialmente Responsable, Empresa Familiarmente Responsable (2008), Empresa Incluyente y empresa Modelo de Equidad de Genero. Según el reportaje del Los Angeles times, decenas de miles de millones de dólares en bonos de construcción destinados a hacer reparaciones y terminar la infraestructura siguen sin ser utilizados o no contabilizados.

A pesar de ello y que la Comisión de Valores y Cambio de EE. UU acusó a Homex, de realizar ventas “falsas” de 100,000 hogares, lo que aumentó los ingresos en 3.300 millones de dólares, el gobierno de México no ha investigado a la empresa. Sin embargo, en el 2015, la empresa se declaró en bancarrota solo para restructurarse en el 2017 con una inversión de 819 millones de pesos y apoyo de Lagatus, Banorte, Inbursa y Iron Capital Holdings. En su sitio web, la empresa presume algunos desarrolles en Monterrey, Acapulco, Atizapan, Culiacan, entre otros. La reestructura ha ayudado a que la empresa crecer cerca del 49% durante el 2018 y logró casi duplicar la cantidad de viviendas entregadas.

Sin embargo, a principios de mes el presidente de colonos del fraccionamiento Chula Vista dio a conocer una grave problemática en un desarrollo de la inmobiliaria. Entre la falta de respuesta tanto de parte del gobierno como de Homex para mejorar la infraestructura y construcciones de la zona, los dueños temen perder sus viviendas durante las temporadas ciclónicas en Los Cabos, Baja California. Adicionalmente, desde el 2017 la empresa ha estado construyendo un edificio para el Gobierno de Sinaloa que aún le costará cerca 130 millones de pesos más de lo presupuestado. La construcción que estaba destinada a alojar las oficinas de Desarrollo Sustentable, Salud, Obras Públicas y de Agricultura ha estado en total abandono desde el 2017. El Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, señaló que se piensa activar el edifico hasta fin de año y el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, declaró que el edificio no se ha podido utilizar porque requería de ciertas adaptaciones. A pesar de esto, la desarrolladora gozó de un incremento en el 49% de sus ganancias durante el 2018.

Imagen tomada de Noreste.

A finales del años pasado Casas GEO fue declarada en bancarrota por el juez Ibarra Navarrete quien ordenó a la empresa a entregar “al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que integran la masa, con excepción de los inalienables, inembargables e imprescriptibles”. Después de la “quiebra” de los miles de millones de pesos que obtuvo vendiendo viviendas chatarra se sabe poco. Su dueño Luis Orvañanos de la noche a la mañana a pesar de que obtuvo 55 mil millones de pesos y vender sólo en 2012 más de 55 mil viviendas no pudo “pagar” los créditos bancarios declarándose en bancarrota.

La situación ha dejado a varios desarrollos inmobiliarios abandonados e inconclusos como Andares del Soconusco que Casas Geo dejó antes de declararse en bancarrota. Algunos edificios en abandono están siendo rentados y otro ocupados por la reciente ola de migrantes al país. Según algunos testimonios, la policía local no actúa al temer ser demandados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, encargados de los de la Casa de la Mujer Migrante, dijeron que organizaciones sociales buscan a migrantes para invadir propiedades y lograr controlar los inmuebles y utilizarlos para los intereses de las organizaciones. Algunos defensores de los derechos humanos declararon que las autoridades no han mostrado interés en investigar el problema.

En algunos casos, organizaciones sociales que se posesionaron de las propiedades deshabitadas, les cobran renta; mientras que casas que no tienen ni ventanas, son ocupadas por el migrante que llegue primero. En un mismo departamento hay hasta 10 o 15 personas, de acuerdo con habitantes de la zona. En Tamaulipas, Chihuahua y Chiapas se vive una situación similar que esta generando preocupación de la ciudadanía ya que muchas de éstas casas abandonadas también se prestan para organizar actividades ilícitas.  Cabe mencionar que no todos los desarrollos abandonados son de Casas GEO.

Ex-directores generales, ex-representantes empresariales y sindicales lucraron a a través del Infonavit. A las desarrolladoras se les contrató para construir cientos de miles de viviendas. Pocos años después dichas empresas se encuentran en procesos de reestructuración empresarial o en quiebra. Todo esto sucedió sin que ninguna autoridad gubernamental investigará nada. Se trata de lo lo que parece ser uno de los fraudes más grandes de la historia de México que no ha sido investigado a fondo, aunque existe una investigación detallada del suceso por parte del Los Angeles Times que se publicó en el 2017. A través de la Canadevi a cargo de Carlos Medina se otorgan subsidios a ciertas empresas como;.

Asimismo Urbi, Geo y Homex quienes se encargaron de desarrollar vivienda de mala calidad. Algunas de éstas empresas ya han quebrado otras se han re-estructuardo como el caso de Homex. Los dueños de estas empresas como Eustaquio de Nicolás, de Homex; Luis Orvañanos, de Geo, y Cuauhtémoc Pérez Román, de Urbi, “perdieron” las inmobiliarias que fundaron y estas quedaron en manos de los bancos, lo que es muy sospechoso, algo que las autoridades ni por asomo investigaron.

También se benefician con las prestaciones laborales los representantes empresariales como Sebastián Bernabé Fernández Cortina, quien durante 15 años fungió como director empresarial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En 2015 pudo traspasar un crédito hipotecario bancario al Infonavit a tasa preferencial de 4 por ciento por 22 millones de pesos cuando en promedio las tasas el Infonavit son del 10%.

Adicionalmente, en el sexenio pasado en todo el país, se remataron miles de viviendas sin que el trabajador tuviera conocimiento de ello involucrando a jueces, funcionarios y litigantes. El actual director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, reportó que solo durante el 2018 el Infonavit perdió 245 millones de pesos a raíz de tener que subastar las viviendas abandonadas. Las viviendas que ya han sido pagadas a las inmobiliarias quienes como se ha mencionado, se pusieron a la venta a través de subastas como la siguiente. Lo que parece resultar en un doble negocio para muchas inmobiliarias e inversionistas. A principios de año el Infonavit dio a conocer que se pondría un alto a los remates de las viviendas abandonadas.

 

 

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